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Estudio de PC revela que seis alcaldías del país incurren en anomalías en compras


SANTO DOMINGO, R.D.- Seis de las principales alcaldías del sur y suroeste del país no ofrecen información en los portales institucionales y de publicidad sobre las convocatorias de concursos, no los realizan para otorgar las obras, además de que contratan a proveedores no registrados como tales por el Estado.

De acuerdo a un estudio difundido hoy, realizado por Participación Ciudadana, en alianza con el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (Cepae) y el auspicio de la Unión Europea (UE), los ayuntamientos de Barahona, San Juan de la Maguana, Baní, San José de Ocoa, San Cristóbal y Azua, también incurren en el fraccionamiento del costo de las obras.

El estudio “Compras y contrataciones públicas en los gobiernos locales: Un desafío de los municipios en el siglo XXI” precisó que solo dos de los seis ayuntamientos cumplen con la disposición del artículo 68 de la ley 488-08 sobre régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En el texto se explicó que el artículo ordena a todas las entidades contratantes, que al momento de hacer su presupuesto deben reservar el 20 % para asignarlo a compras y contrataciones a través de las Mipymes.

En cuanto a la sociedad civil, el estudio detectó que esta tiene poco conocimiento de la ley 340-06; que los munícipes no son debidamente informados sobre los procesos por parte de los ayuntamientos, y que las autoridades locales no dan participación a la comunidad en la selección de las obras, lo que complica ejercer veeduría social.

La economista e investigadora Guadalupe Valdez, quien presentó los hallazgos y recomendaciones de la investigación, afirmó en un documento que “sin democracia local no hay democracia ni Estado de derecho en nuestro país”.

A su juicio, para lograr una mayor integración de la sociedad civil y que haya transparencia en estos procesos se deben propiciar espacios para que desde los suplidores y la ciudadanía exijan al gobierno local de por qué escogieron a un determinado suplidor y no a otro.

“Hay que seguir haciendo investigaciones para conocer nuestra realidad y así reclamar el cumplimiento de la Ley sobre la base del dato científico de la evidencia; y se necesita de capacitación para conocer los procesos y fortalecer la capacidad de incidencia de los diferentes actores”, sostuvo la exdiputada.

Mientras, que el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, expresó que “los resultados de este estudio conducen a retos y desafíos para garantizar la implementación y cumplimiento de las recomendaciones que contiene”.

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