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Juez homologa acuerdo entre Procuraduría y Odebrecht

SANTO DOMINGO, R.D.- El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional validó ayer el acuerdo alcanzado por el Ministerio Público con la constructora Odebrecht, en el que ésta se compromete a retribuir 184 millones de dólares al Estado dominicano por sobornos pagados para la adjudicación de obras públicas.
El magistrado Danilo Amador Quevedo tomó la decisión al acoger la solicitud de autorización para la aplicación de un criterio de oportunidad presentado por el procurador Jean Rodríguez, y el abogado representante de Odebrecht, Robert Valdez.
El tribunal auturizó al procurador, representado en la audiencia por la titular de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PECPA), Laura Guerrero, en una sentencia que consta de 37 páginas,  a llevar a cabo el criterio de oportunidad a favor de Odebrecht, por la comisión del delito penal de soborno en el comercio y la inversión.
“Este tribunal homologa en todas sus partes el acuerdo suscrito en fecha 16 de marzo del año en curso entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht, cuyas firmas fueron autorizadas por Carlos Martin Valdez, notario público”, aduce el juez.
El juez alega que el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público se enmarca dentro del principio de legalidad, mucho más cuando el tribunal ha podido constatar que este promovió la acción penal desde el mismo instante que tuvo conocimiento de la noticia, lo cual le ha permitido hacer uso de la figura del criterio de oportunidad solicitado.
Acuerdo reformulado
Entre los aspectos relevantes del acuerdo reformulado se establece que con este queda sin efecto el anterior del primero de febrero de este año.

Explica que se trata de un hecho altamente complejo, dado que se extiende desde el 2001 al 2014, además de que se trata de un hecho transnacional en el que previsiblemente existe pluralidad de imputados. Se utiliza como vehículo procesal para la concretización del acuerdo la solicitud del criterio de oportunidad, que permite identificar a otros implicados cuya persecución resulte más prioritaria para la política criminal del Estado dominicano y dado el interés de Odebrecht de cooperar con la investigación en curso. De igual modo Odebrecht deberá identificar los funcionarios públicos sobornados en la República Dominicana y toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices; identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados; asimismo las personas físicas y jurídicas que facilitaron y coadyuvaron a entregar los sobornos.
Los excluidos
Los compromisos acordados en el documento, respecto a la prescindencia de las acciones penales, en lo que se refiere al criterio de oportunidad y la aplicación de una solución alternativa del conflicto, no aplican ni benefician de manera alguna a otras sociedades ni representantes comerciales, empleados, gerentes, comisionistas, agentes asesores intermeidiarios, consultores, funcionarios públicos, exfuncionarios públicos ni al señor Ángel Rondón Rijo, cualquiera que sea la calidad que ostente respecto de Odebrecht, por lo que el criterio de oporunidad solo beneficia y se extiende a Odegbrecht, sus sucursales, subsidiarias, sus accionistas, directores, gerentes y empleados directos de Odebrecht.

El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos, facultará al ministerio público a dar por terminado el acuerdo,  retener las sumas que hubiesen pagado y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en su contra, como si el acuerdo nunca hubiere sido suscrito.
Este acuerdo fue dado a conocer por la Procuraduría.

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