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Corte falla contra Donald Trump sobre el decreto inmigratorio: ¿qué sigue?

Resultado de imagen para donald trump(CNN) - El decreto inmigratorio del presidente Donald Trump permanecerá bloqueado, falló el jueves una corte federal de apelaciones.

Es un revés significativo para el nuevo gobierno de Trump y representa el primer enfrentamiento entre su Casa Blanca y los pesos y contrapesos del sistema político estadounidense.
¿Y ahora qué?

La decisión unánime de un panel de tres jueces significa que los ciudadanos de Iraq, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen podrán entrar a EE.UU. durante 90 días, así como todos los refugiados durante 120 días y de forma indefinida los refugiados de Siria.

El decreto de Trump que prohíbe la entrada al país a los ciudadanos de esos siete países de mayoría musulmana fue firmado el pasado 27 de enero, causando caos, confusión y protestas en los aeropuertos en todo Estados Unidos.

Se han presentado demandas en todo el país, pero fue el juez federal James Robart quien el pasado viernes bloqueó el decreto a nivel nacional, despejando el camino para la reanudación de los viajes de los ciudadanos de los siete países afectados.

El gobierno apeló dicha suspensión, y el panel de tres jueces de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones falló unánimemente el jueves a favor de mantener la suspensión.

"La administración Trump ha perdido de forma espectacular y completamente", dijo Jeffery Toobin, analista político de CNN, en The Situation Room".

"Esta decisión tendrá mucha más credibilidad pública porque es unánime, y creo que complica el intento de la administración Trump, si deciden hacerlo, de menospreciar esta decisión como un acto político", dijo Toobin.

Trump le dijo a la prensa en la Casa Blanca que el fallo es político. El presidente dijo que su gobierno prevalecerá en la batalla legal sobre el decreto.

Tras conocerse la noticia, Trump tuiteó: "NOS VEMOS EN LA CORTE, ¡LA SEGURIDAD DE NUESTRA NACIÓN ESTÁ EN JUEGO!".
 ¿Pero qué corte?

El gobierno no ha anunciado su próximo paso, pero Trump había indicado previamente que iba a llevar el caso hasta el final a la Corte Suprema, si es necesario, una medida que establecería un enfrentamiento legal aún con mayor visibilidad.

Antes de ir a la Corte Suprema, el Departamento de Justicia tiene la opción de pedir una revisión del fallo en banc, es decir, de todos los jueces de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones.

En caso de optar por ello, por el momento sólo hay ocho jueces en la Corte Suprema. Eso significa que el gobierno de Trump tendría que convencer a cinco jueces de que suspendan la decisión del juez Robart, lo que es poco probable dado que se trataba de una orden de restricción temporal y no una decisión sobre el fondo del decreto. Y si hay un empate 4-4, el fallo de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones seguirá siendo la ley.

Lucha sobre el poder ejecutivo

El drama legal sobre el decreto inmigratorio es el primer episodio de lo que podría ser una serie de desafíos legales al estilo de gobierno y agenda de Trump.

Los jueces abordaron cada uno de los argumentos presentados por el Departamento de Justicia para reinstalar la prohibición y rechazaron cada uno de ellos.

Quizá el rechazo más fuerte tuvo lugar con respecto a aquellos que concierten a lo que el gobierno aduce como poder ejecutivo.

El tribunal lo rechazó claramente: "No hay precedente para apoyar esta reivindicación de que el decreto es intocable, que va en contra de la estructura fundamental de nuestra democracia constitucional".

Y añadió: "A pesar de que nuestra jurisprudencia ha aconsejado a lo largo del tiempo deferencia a los poderes políticas en materia de inmigración y seguridad nacional, ni la Suprema Corte ni nuestro Tribunal han dictaminado que los tribunales carecen de la autoridad para revisar los decretos en esos espacios para el cumplimiento de la Constitución".

El gobierno también argumentó que los estados no tienen bases -ni el derecho legal- para demandar.

Pero la corte no estuvo de acuerdo.

"Como operadores de universidades estatales, los estados pueden no sólo hacer valer sus propios derechos ante la medida, sino que también pueden hacer valer los derechos de sus estudiantes y profesores", escribieron los jueces.

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